El Gobierno nacional avanza en un nuevo paquete de reformas orientado a profundizar la desregulación de distintos sectores de la economía. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, cuenta con más de 300 artículos y ya comenzó a circular entre funcionarios, empresarios y referentes de actividades alcanzadas por la iniciativa.
La propuesta sigue la línea de las reformas promovidas por la denominada Ley Hojarasca y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dos de los instrumentos con los que la administración de Javier Milei busca reducir la intervención estatal y eliminar regulaciones consideradas obstáculos para la actividad económica.
Cambios en el mercado inmobiliario
Uno de los capítulos más sensibles apunta al sector inmobiliario. El proyecto elimina la matrícula obligatoria para ejercer como corredor y también la exigencia de contar con un título universitario específico.
De aprobarse la iniciativa, podrían desempeñarse como corredores inmobiliarios tanto personas humanas como jurídicas, siempre que sean mayores de edad y cuenten con título secundario. La medida seguramente abrirá un fuerte debate con los colegios profesionales, que históricamente defendieron la regulación de la actividad.
Medicamentos y garrafas
Otro de los cambios de mayor impacto se encuentra en el mercado farmacéutico. El texto habilita la venta de medicamentos de venta libre en supermercados, kioscos y otros comercios autorizados, una posibilidad que hasta ahora estaba reservada principalmente a las farmacias.
Además, las farmacias podrían adoptar cualquier figura jurídica para funcionar y tendrían libertad para definir sus horarios de atención.
En paralelo, el proyecto modifica las reglas para el mercado de gas envasado. El Estado dejaría de intervenir en aspectos como precios, cantidades, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales. Su participación quedaría limitada a cuestiones vinculadas con la seguridad técnica del servicio.
Libros, cine y actividad rural
La iniciativa también alcanza al sector editorial. El Gobierno propone derogar la ley de precio uniforme del libro, una norma que limita los descuentos para evitar que las grandes cadenas concentren el mercado y perjudiquen a las librerías independientes.
En materia cultural, el proyecto elimina la obligatoriedad de doblar al castellano películas, series y publicidades extranjeras emitidas por televisión.
La actividad agroganadera también aparece entre las áreas alcanzadas. El texto deroga la ley de arrendamientos rurales, permitiendo que propietarios y productores acuerden libremente plazos, precios y condiciones contractuales bajo las reglas generales del Código Civil y Comercial.
A su vez, elimina la obligación de que los productos veterinarios importados comiencen a fabricarse en Argentina dentro de los cuatro años posteriores a su autorización.
Apertura en la navegación
Otro capítulo relevante está vinculado al transporte marítimo y fluvial. El Gobierno busca habilitar el cabotaje para buques de bandera extranjera, una actividad que hasta ahora mantenía restricciones para proteger a la marina mercante nacional.
La reforma contempla una incorporación gradual de trabajadores argentinos y flexibiliza los esquemas de contratación laboral a bordo. También reconoce legalmente los conocimientos de embarque electrónicos, una herramienta utilizada en el comercio internacional.
Con este nuevo paquete, la Casa Rosada busca profundizar el programa de reformas estructurales que impulsa desde el inicio de la gestión. Mientras el oficialismo sostiene que las medidas aumentarán la competencia y reducirán costos, distintos sectores ya anticipan resistencias y cuestionamientos. El debate promete instalarse nuevamente en el centro de la agenda política.