El Gobierno nacional volvió a quedar en el centro de la controversia tras publicar un decreto que modifica la forma en que se calculan las indemnizaciones por despido. La decisión excluye de la base indemnizatoria una serie de conceptos salariales que hasta ahora eran considerados en numerosos casos, entre ellos horas extras, premios, plus vacacional, participación en las ganancias, aguinaldo y otros adicionales que no tengan carácter mensual y habitual.
La medida despertó críticas inmediatas desde distintos sectores políticos y sindicales, que advierten que el cambio podría traducirse en indemnizaciones más bajas para los trabajadores despedidos.
Según sostienen los cuestionamientos, la modificación implica una reducción de los montos que podrían percibir los empleados al momento de una desvinculación, al limitar los conceptos que integran el cálculo indemnizatorio.
Un cambio que impacta en los despidos
El decreto establece nuevos criterios para determinar qué componentes salariales deben ser tomados en cuenta al calcular la indemnización por antigüedad.
De esta manera, conceptos que representan una parte importante de los ingresos de muchos trabajadores quedarían fuera de la base de cálculo cuando no sean percibidos de forma mensual y habitual.
Los críticos de la medida aseguran que el efecto práctico será una disminución del costo de los despidos para las empresas, al mismo tiempo que reducirá la compensación económica para quienes pierdan su empleo.
Desde el oficialismo, en tanto, sostienen que las reformas laborales apuntan a generar mayor previsibilidad en las relaciones de trabajo y reducir litigiosidad, una de las banderas que el Gobierno viene impulsando desde su llegada al poder.
La dura reacción de Castagneto
Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde el diputado nacional Carlos Castagneto, quien utilizó sus redes sociales para denunciar el alcance de la medida.
“Te roban el aguinaldo. El cambio era esto: atropellar a los laburantes hasta quitarles derechos que costó años y vidas conquistar”, expresó el legislador.
La frase rápidamente comenzó a circular en redes y se convirtió en uno de los principales focos de la discusión política alrededor del decreto.
La crítica de Castagneto apunta a uno de los puntos más sensibles del cambio normativo: la exclusión del aguinaldo y otros adicionales del cálculo indemnizatorio, una decisión que para la oposición representa un retroceso en materia de derechos laborales.
Un nuevo frente de conflicto
La decisión del Gobierno se suma a una larga serie de debates vinculados a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.
Desde el inicio de su gestión, el Presidente planteó la necesidad de modificar distintos aspectos de la legislación laboral con el argumento de fomentar la contratación y reducir los costos para el sector privado.
Sin embargo, sindicatos, organizaciones de trabajadores y sectores de la oposición vienen advirtiendo que varias de esas iniciativas implican una pérdida de derechos conquistados durante décadas.
Con este nuevo decreto, el debate vuelve a instalarse en el centro de la agenda política. Mientras el oficialismo defiende la medida como parte de su programa de reformas, los cuestionamientos crecen y anticipan una nueva disputa entre el Gobierno y quienes consideran que el cambio representa un recorte sobre las indemnizaciones y las garantías de los trabajadores.
