El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó las rendiciones correspondientes al ejercicio 2024 de distintos municipios bonaerenses, aunque en varios casos lo hizo con fuertes observaciones, multas millonarias, cargos solidarios y sanciones administrativas contra intendentes y funcionarios por irregularidades detectadas durante las auditorías.
Uno de los casos más resonantes fue el de la Municipalidad de La Costa. Allí, el organismo aprobó las cuentas pero aplicó multas por más de $3,2 millones al intendente Juan de Jesús, a la contadora María Emilia Florentín y al tesorero Adriano Yaboski. Además, formuló un cargo solidario por $113.572 y dejó bajo análisis distintas observaciones vinculadas a contrataciones y manejo administrativo. También hubo amonestaciones y llamados de atención para otros funcionarios y exfuncionarios, incluido el exintendente Cristian Cardozo.
En Junín, el Tribunal aprobó la rendición de cuentas pero sancionó con multas al intendente Pablo Petrecca, al contador municipal y a otros integrantes del Ejecutivo. Además, formuló cargos por más de $18 millones por egresos desaprobados y mantuvo abiertas investigaciones sobre distintas áreas de la administración municipal.
La Municipalidad de Escobar también quedó bajo observación. Aunque las cuentas del ejercicio 2024 fueron aprobadas, el organismo impuso multas al intendente Ariel Sujarchuk, al contador municipal y a otros funcionarios. A eso se sumó un cargo de casi $595 mil contra el secretario de Ingresos Públicos. Parte de las actuaciones continuará bajo seguimiento en futuras auditorías.
En Florentino Ameghino, las sanciones alcanzaron a la contadora municipal Alejandra Navalesi, multada con $650 mil, y al intendente Nahuel Mittelbach, quien recibió una multa de $400 mil. Además, hubo amonestaciones a funcionarios de Hacienda, Compras, Patrimonio y Recursos Humanos, mientras el Tribunal dejó observaciones pendientes vinculadas a cuestiones patrimoniales y administrativas.
General Arenales fue otro de los municipios alcanzados por las auditorías. La intendenta Érica Revilla fue multada con $850 mil y el contador Hernán Servio recibió una sanción de $300 mil. Además, el Tribunal formuló un cargo solidario por más de $5,2 millones contra la jefa comunal, el secretario de Obras Públicas Samuel Di Santo Ravagnan y el contador municipal, tras desaprobar egresos analizados durante la revisión contable.
En Rojas, el organismo aprobó la rendición pero sancionó con una multa de $800 mil al intendente Román Bouvier y de $300 mil al contador Ricardo Rugora. También formuló cargos por más de $870 mil por egresos desaprobados, que deberán afrontar solidariamente distintos funcionarios municipales. Las actuaciones incluyeron además llamados de atención en áreas sensibles como Hacienda, Compras, Seguridad y Gobierno.
Otro de los expedientes más pesados fue el de Lincoln. El intendente Salvador Serenal recibió una multa de $1,5 millones, una de las más altas entre todos los municipios auditados. También fueron sancionados la contadora Andrea Guerra, el tesorero Federico Nanni y el director de Compras Matías Cosentino. Además, el Tribunal formuló cargos por más de $4,2 millones vinculados a egresos desaprobados y dejó abiertas observaciones administrativas y contables.
En Tigre, la administración de Julio Zamora tampoco quedó exenta de cuestionamientos. Aunque las cuentas fueron aprobadas, el Tribunal aplicó multas al intendente, a la contadora Roxana Di Cola, al jefe de Compras Eduardo Rúa y al secretario de Economía Guillermo Gómez. Además, formuló cargos solidarios por más de $5 millones contra funcionarios de Hacienda y Legal y Técnica por irregularidades detectadas en contrataciones y manejo de recursos municipales.
En paralelo, el Tribunal aprobó sin sanciones la rendición correspondiente al ejercicio 2024 del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, aunque emitió recomendaciones administrativas para mejorar el funcionamiento del organismo.
Las auditorías dejaron un escenario incómodo para varios municipios bonaerenses: cuentas aprobadas formalmente, pero acompañadas de multas, egresos desaprobados y expedientes que seguirán bajo la lupa del organismo de control.