El gobernador Axel Kicillof oficializó el cierre definitivo del convenio que la provincia de Buenos Aires mantenía con el Estado nacional para administrar las compensaciones tarifarias al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 875/2026 y representa mucho más que un trámite administrativo: suma un nuevo capítulo al enfrentamiento político entre la administración bonaerense y el Gobierno de Javier Milei.
La medida consolida el proceso iniciado por la Provincia para asumir plenamente el control del sistema de subsidios destinado a las líneas de transporte de jurisdicción provincial y municipal, una herramienta clave en una de las áreas donde más se profundizó el conflicto entre ambas administraciones.
Un acuerdo que duró más de siete años
El convenio había sido firmado en diciembre de 2018, en el marco del Consenso Fiscal alcanzado entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
A través de ese esquema, el entonces Ministerio de Transporte nacional se encargaba de calcular mensualmente las compensaciones tarifarias que correspondían a las empresas de transporte, mientras que la Provincia distribuía esos fondos entre las prestatarias que operaban en territorio bonaerense.
El mecanismo se mantuvo vigente durante más de siete años y atravesó distintos gobiernos nacionales. Durante ese período fue prorrogado en diez oportunidades mediante diversas adendas, hasta llegar a su última extensión, que fijó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar con la implementación de un nuevo sistema diseñado por la administración de Kicillof.
El punto de quiebre
La creación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, establecido mediante el Decreto 3231/25, marcó el inicio de una nueva etapa.
Según sostiene el propio decreto publicado este lunes, la puesta en marcha de ese régimen volvió “innecesaria” la continuidad del convenio firmado con la Nación en 2018.
A partir de ese momento, la Provincia comenzó a desarrollar un esquema propio para determinar y distribuir las compensaciones destinadas a las empresas de transporte bajo su órbita, reduciendo la dependencia técnica que históricamente existía respecto del Gobierno nacional.
El cierre quedó formalmente sellado con el Acta de Cierre firmada el 7 de marzo de este año, mediante la cual ambas administraciones declararon cumplidas todas las obligaciones derivadas del convenio.
La finalización también alcanza tareas vinculadas al régimen de Atributo Social de la tarjeta SUBE y a las compensaciones por gasoil diferencial.
Un mensaje político en plena disputa
Aunque desde el Ejecutivo bonaerense destacan que se trata de la conclusión natural de un acuerdo que ya había perdido operatividad, la lectura política resulta inevitable.
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, Axel Kicillof se convirtió en uno de los principales opositores al Gobierno nacional y denunció reiteradamente el recorte de transferencias, la eliminación de fondos específicos y la reducción de subsidios que impactan sobre las provincias.
El transporte fue uno de los frentes más sensibles de esa disputa. La discusión por el financiamiento de los servicios, especialmente en el AMBA, se transformó en un eje permanente de tensión entre ambas administraciones.
Por eso, el cierre definitivo del convenio no solo implica una modificación administrativa. También funciona como una señal política de autonomía frente a la Nación y reafirma la decisión del Gobierno bonaerense de administrar con herramientas propias un sistema históricamente ligado a la articulación con el Estado nacional.
En un contexto marcado por la pelea por los recursos federales, la medida fortalece la estrategia de Kicillof de construir capacidad de gestión independiente y deja en evidencia que la disputa con Milei ya no se limita al plano discursivo. Ahora también se expresa en la administración concreta de áreas clave como el transporte público.