Mientras el gobierno bonaerense mantiene un fuerte enfrentamiento político con Javier Milei por el rumbo económico y laboral del país, desde la oposición de izquierda volvieron a poner el foco en una problemática que persiste dentro de la propia administración provincial: la precarización laboral de miles de trabajadores estatales.
Quien levantó la voz fue el diputado provincial Christian Castillo, del Frente de Izquierda, que cuestionó la continuidad de distintas modalidades de contratación precaria y acusó al gobierno de Axel Kicillof de sostener prácticas que contradicen su discurso contra la flexibilización laboral.
Durante una entrevista en el programa Desconfiados, Castillo se refirió especialmente a la situación de trabajadores incorporados al sistema de salud durante la pandemia y que aún continúan bajo esquemas temporarios.
“Hay 3.200 trabajadores aproximadamente que cobran apenas poco más de un millón de pesos y otros 6.000 que están con una beca de capacitación, supuestamente, que vienen desde la época del COVID y cobran de 700 mil pesos para abajo”, señaló.
Según el legislador, el problema no pasa únicamente por los ingresos, sino por la falta de estabilidad laboral. Aseguró que muchos de esos trabajadores cumplen funciones permanentes dentro de hospitales y centros de salud y que, lejos de tratarse de incorporaciones excepcionales, se han convertido en parte indispensable del funcionamiento cotidiano del sistema.
“No fueron trabajadores eventuales que después dejaron de ser necesarios. En muchos centros de salud son los que desempeñan las tareas. Sin ellos no se hacen las actividades”, afirmó.
“El fraude laboral se institucionalizó”
Castillo sostuvo que las becas y contratos temporarios podrían justificarse como mecanismos transitorios de ingreso, pero cuestionó que esas modalidades se mantengan durante años.
“Lo extraordinario se volvió cotidiano desde hace mucho tiempo. Siempre está la promesa del pase a planta, algunos pasaron, pero queda un universo muy grande que está muy enojado porque no se cumple”, expresó.
En ese marco, lanzó una de las críticas más duras contra la administración bonaerense.
“Una vez que el Estado es el que tendría que controlar que no se haga fraude laboral, ese fraude laboral se ha institucionalizado en el propio Estado”, disparó.
Para el diputado, la dependencia de renovaciones periódicas también limita la capacidad de organización de los trabajadores.
“Si dependés de la renovación de tu contrato es muy difícil organizarte sindicalmente o protestar. Levantar la voz puede significar que no te renueven”, advirtió.
La contradicción que señala el FIT
Más allá de los números, Castillo apuntó a lo que considera una inconsistencia política del gobierno provincial.
“Si uno está cuestionando la reforma laboral y las formas de precarización que impulsa el Gobierno nacional, debería ser consecuente con ese discurso”, sostuvo.
Y fue todavía más directo al referirse al gobernador:
“Si Kicillof cuestiona la reforma laboral, debería empezar por terminar con la precarización en el Estado”.
La crítica cobra relevancia porque proviene de un espacio que suele coincidir con el peronismo en el rechazo a muchas de las políticas impulsadas por Milei, pero que mantiene diferencias marcadas respecto de la gestión bonaerense.
Salarios en retroceso y conflicto abierto
Castillo también vinculó la precarización con la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Según afirmó, los salarios estatales acumulan una caída del 34% durante los años de gestión de Kicillof.
“Ya está naturalizado que los salarios son tan bajos que no alcanza para vivir de esto. Muchísimos trabajadores terminan haciendo otro trabajo, manejando para una aplicación, repartiendo o haciendo changas para completar ingresos”, describió.
Las declaraciones se producen en medio de los reclamos de ATE por la regularización de trabajadores precarizados y a pocas semanas de una nueva discusión paritaria.
Según datos presupuestarios de la propia Provincia, para 2026 habrá más de 530 mil trabajadores entre administración central y organismos descentralizados, de los cuales alrededor de 166 mil continuarán bajo la categoría de personal temporario.