La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, quedó envuelta en una fuerte controversia judicial y gremial luego de ser denunciada por trabajadores de la empresa Lustramax. La presentación la acusa de presunta desobediencia judicial y persecución sindical en el marco de un conflicto laboral que ya lleva varios meses y que sumó nuevos capítulos en las últimas semanas.
El caso tiene como eje la situación de Leandro Gómez, delegado gremial de la planta ubicada en Tortuguitas, cuya reincorporación fue ordenada por la Justicia laboral tras una serie de despidos que los trabajadores consideran discriminatorios y dirigidos contra la organización sindical.
Según denuncian los operarios, la empresa desconoció distintas instancias de conciliación obligatoria dictadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Frente a esa situación, el Tribunal de Trabajo N.º 7 de Pilar intervino y ordenó la reinstalación inmediata del delegado.
Sin embargo, los trabajadores sostienen que la medida nunca fue efectivamente cumplida.
La acusación contra Arietto
La polémica escaló cuando Arietto asumió la representación legal de Lustramax. Según la denuncia presentada por los trabajadores, la legisladora habría participado activamente para impedir que Gómez retomara sus tareas, pese a la existencia de resoluciones judiciales favorables.
Los denunciantes afirman que la senadora se presentó en los accesos de la planta para bloquear el ingreso del delegado sindical. En ese contexto, cuestionan que utilizara simultáneamente su rol como representante legal de la empresa y su condición de senadora provincial.
La situación derivó en una denuncia penal por presunta desobediencia judicial, mientras que organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos laborales también llevaron el caso a otros ámbitos institucionales.
Denuncia ante el Colegio de Abogados
A la presentación judicial se sumó una denuncia impulsada por la asociación civil Nace un Derecho ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
La entidad cuestionó diversas publicaciones realizadas por Arietto en redes sociales, donde la legisladora calificó a los abogados laboralistas como una «mafia». Según plantearon, esas expresiones serían incompatibles con los deberes éticos del ejercicio profesional.
El planteo busca que el organismo evalúe si existió una conducta contraria a las normas que regulan el desempeño de los abogados matriculados.
La respuesta de los trabajadores
En declaraciones al portal Mundo Gremial, Gómez aseguró que cuenta con múltiples resoluciones favorables y que no existe ningún impedimento legal para su reincorporación.
“Hoy tengo tres fallos favorables y pedidos de astreintes por el incumplimiento de la empresa. No existe ninguna razón legal para impedir mi ingreso”, afirmó.
El delegado también sostuvo que las denuncias penales promovidas por la compañía contra los trabajadores no avanzaron porque la Justicia entendió que se trataba de un conflicto laboral y no de una causa penal.
Para Gómez, las decisiones judiciales dejaron expuesta la estrategia adoptada por la empresa y su representación legal. “Quedaron en evidencia la empresa y Arietto”, sostuvo.
Un conflicto que suma tensión política
El caso trasciende el ámbito estrictamente laboral y suma un componente político por el perfil de Arietto, una de las dirigentes más visibles de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Mientras la denuncia avanza en los tribunales, los trabajadores continúan realizando actividades de visibilización junto a organizaciones sindicales y espacios sociales. Durante las últimas semanas llevaron sus reclamos a universidades, legislaturas y distintos ámbitos políticos en busca de respaldo.
La evolución de la causa podría tener consecuencias no solo para la empresa sino también para la propia senadora, que ahora enfrenta cuestionamientos tanto en el plano judicial como en el profesional.