La discusión por el acceso de extranjeros no residentes a los servicios públicos volvió a instalarse en la provincia de Buenos Aires. Un proyecto impulsado por legisladores de La Libertad Avanza y el PRO para arancelar la atención sanitaria y los estudios universitarios encendió rápidamente el debate político y sumó fuertes cuestionamientos desde el ámbito de la salud.
La iniciativa plantea que los extranjeros que no acrediten residencia permanente deban pagar por la atención médica y por las carreras de grado en universidades provinciales. A la vez, establece que las urgencias y emergencias seguirán siendo atendidas sin restricciones y que los fondos recaudados se destinen al sistema sanitario bonaerense.
Sin embargo, la propuesta encontró una rápida respuesta por parte de representantes del sector de la salud pública, que pusieron en duda tanto su efectividad económica como los argumentos que la sostienen.
“Estamos hablando de números bajísimos”
En declaraciones radiales, la secretaria general adjunta de CICOP en la provincia de Buenos Aires, Silvana Scali, fue contundente al rechazar el proyecto.
“A nivel de CICOP nos parece una paparruchada este tipo de iniciativas”, afirmó al referirse a la propuesta que comenzó a debatirse en la Legislatura bonaerense.
La dirigente sostuvo que el impacto de los extranjeros no residentes dentro del sistema sanitario provincial es muy reducido y citó estadísticas oficiales para respaldar su postura.
“Según datos del Ministerio de Salud, el 0,2% de las consultas pertenecen a extranjeros y un 0,8% de las internaciones”, señaló.
Para Scali, esos números muestran que la medida difícilmente pueda representar una solución para los problemas de financiamiento que enfrenta el sistema público.
“Estamos hablando de números bajísimos de extranjeros no residentes”, remarcó.
La acusación de “alimentar cierta xenofobia”
Más allá de la discusión económica, la dirigente sindical planteó que detrás del proyecto existe una intención política que excede la cuestión presupuestaria.
“Cuánto se puede recaudar con estos números que te doy”, cuestionó, para luego asegurar que la propuesta responde más a “una cuestión de alimentar cierta xenofobia” que a una necesidad real observada en hospitales y centros de salud.
Las declaraciones reavivaron una discusión que ya había generado controversias en distintas provincias del país y que suele dividir posiciones entre quienes plantean la necesidad de limitar el acceso gratuito para no residentes y quienes defienden el carácter universal de los servicios públicos.
El debate sobre los derechos
Scali también hizo una diferenciación entre extranjeros no residentes y quienes viven de forma permanente en Argentina.
“Estas iniciativas primero no hablan de extranjeros no residentes, no están hablando de residentes que además los protege la propia Constitución”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, advirtió que avanzar con mecanismos de cobro podría abrir la puerta a futuras restricciones para otros sectores de la población.
“Estas intentonas de cobrar, de mercantilizar derechos, no tienen más que esto, e incluso son puertas de entrada hacia el cobro hacia otras poblaciones”, afirmó.
La dirigente también vinculó la discusión con el contexto nacional y cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei en áreas sensibles como salud y educación.
“Seguimos teniendo un ataque feroz por parte del Gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con políticas de salud y políticas educativas”, expresó.
Y cerró con una definición tajante: “Pensar que esto se arregla por el cobro a extranjeros y extranjeras no residentes, la verdad que no tiene ningún justificativo, ningún argumento real”.
Mientras el proyecto avanza en la Legislatura, el debate promete seguir escalando. La discusión ya no gira solamente en torno a cuánto podría recaudar la Provincia, sino también sobre el modelo de acceso a la salud y la educación que distintos sectores buscan defender.