La diputada nacional Marcela Pagano volvió a apuntar contra el Gobierno de Javier Milei y puso el foco, esta vez, sobre el manejo de fondos destinados a obras viales. A través de un extenso posteo, aseguró haber identificado una serie de coincidencias entre desembolsos millonarios del fideicomiso vial y votaciones clave en el Congreso.
Pagano presentó el planteo como una ampliación de una denuncia que, según afirmó, ya realizó ante la Justicia federal. Su acusación apunta a un presunto mecanismo de intercambio político: fondos para las provincias a cambio del acompañamiento de legisladores alineados con sus gobernadores.
La diputada aclaró que, según su hipótesis, el dinero no llegaría directamente a diputados o senadores. Los recursos serían girados a organismos viales provinciales o empresas vinculadas con obras en cada distrito. El supuesto beneficio para el legislador sería indirecto: el gobernador recibe los fondos y el legislador aporta el voto.
Los números que puso bajo la lupa
Uno de los principales argumentos de Pagano es la relación temporal entre los desembolsos y determinadas sesiones del Congreso.
Según detalló, el fideicomiso habría permanecido seis meses sin realizar pagos vinculados con obras. Sin embargo, el 10 y 11 de junio de 2024 se desembolsaron $4.308 millones, apenas un día antes de la votación de la Ley Bases en el Senado, que terminó con un empate de 36 votos y fue definido por la entonces presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel.
La diputada también mencionó el 27 de junio de 2024, fecha de la sanción definitiva de la Ley Bases en Diputados. De acuerdo con su publicación, durante la ventana cercana a esa sesión se pagaron $3.262 millones.
Otro de los casos señalados corresponde al 9 de octubre de 2024, cuando el Congreso sostuvo el veto presidencial al financiamiento universitario. Según Pagano, ese mismo día se desembolsaron $3.186 millones.
La secuencia continuaría durante 2025. La diputada vinculó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aprobado mediante DNU con un pago de $6.596 millones realizado 48 horas después de la votación, con una fuerte concentración de recursos en Santa Cruz.
El caso Misiones y la pelea por los votos
Uno de los episodios que Pagano considera más relevantes ocurrió durante la votación del veto jubilatorio en agosto de 2025.
La legisladora destacó la posición de los diputados misioneros vinculados al gobernador Hugo Passalacqua y sostuvo que sus abstenciones fueron determinantes para que el oficialismo pudiera sostener el veto.
En ese contexto, aseguró que durante aquella semana se desembolsaron $20.983 millones y señaló pagos posteriores a Misiones y Tucumán.
El planteo busca instalar una pregunta política de fondo: si los fondos provinciales fueron utilizados como herramienta de negociación para garantizar respaldos parlamentarios.
La acusación sobre 2026
Pagano también apuntó al año en curso y aseguró que el fenómeno se habría profundizado. Según sus propios cálculos, el 64,4% de los fondos pagados durante 2026 habría sido desembolsado en días de votaciones o en períodos inmediatamente próximos.
La diputada comparó ese porcentaje con el 34% registrado en 2024 y el 20% de 2025.
Además, señaló casos vinculados con votaciones sobre glaciares y zonas frías, donde, según afirmó, se produjeron desembolsos millonarios a provincias determinadas.
La acusación incluye además una contracara: Pagano sostuvo que mientras algunas provincias recibían fondos, otras que no acompañaban al Gobierno quedaban excluidas de los pagos.
“Si la liberación selectiva es el premio, la exclusión es el cajón”, escribió.
La diputada aseguró que amplió su denuncia judicial con actas oficiales, montos y fechas. La presentación deberá determinar si las coincidencias denunciadas constituyen una maniobra irregular o si responden a otros criterios administrativos y políticos.
El planteo llega en un momento en que el Gobierno profundiza su negociación con los gobernadores y busca acuerdos parlamentarios para avanzar con su agenda. En paralelo, el manejo de los fondos viales permanece bajo cuestionamiento: en mayo de 2026, una asociación de profesionales de Vialidad Nacional había denunciado penalmente la retención de unos $400.000 millones provenientes del impuesto a los combustibles que, según sostuvo, debían destinarse a infraestructura vial.
La denuncia de Pagano agrega ahora otra dimensión política al conflicto: la sospecha de que esos recursos podrían haber funcionado como una herramienta de negociación con los gobiernos provinciales.
“Los votos de tu legislador no pueden tener precio. Y si lo tuvieron, se tiene que saber”, concluyó la diputada.
Hay gobernadores que tienen precio… el otro día te conté cuánto costaba una ley, hoy te voy mostrar el tarifario de algunos mandatarios provinciales, porque en la Argentina de @JMilei gobiernan con “la viva, la crocante”, y con “Mercado libre” para rematar tu futuro (abro hilo)
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 14, 2026