La situación judicial de José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía federal de San Isidro lo imputara por presunto lavado de activos. El fiscal Fernando Domínguez sostiene que el economista y exdiputado libertario habría utilizado un contrato de consultoría falso para justificar el origen de USD 200 mil recibidos durante su campaña presidencial.
Según la investigación, el dinero fue transferido por Federico «Fred» Machado, un empresario que posteriormente fue condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, fraude y lavado de activos. Para la fiscalía, el contrato presentado por Espert habría sido una maniobra destinada a darle apariencia legal a fondos de origen ilícito.
Una consultora, una minera y un contrato bajo sospecha
La documentación aportada por Espert señalaba que los fondos correspondían a servicios de consultoría prestados a Minas del Pueblo S.A., una empresa minera radicada en Guatemala y presuntamente dirigida por Machado.
Sin embargo, la investigación judicial detectó inconsistencias que encendieron las alarmas. Entre ellas, que Espert nunca registró viajes a Guatemala en el período en cuestión y que los emprendimientos mineros vinculados a esa firma nunca estuvieron operativos.
Para el fiscal Domínguez, esos elementos permiten sospechar que el contrato fue confeccionado únicamente para justificar la transferencia y ocultar el verdadero origen del dinero.
La hipótesis es especialmente sensible porque la causa se enmarca en una investigación por lavado de activos provenientes de actividades criminales desarrolladas fuera del país.
La transferencia que disparó la investigación
De acuerdo con el expediente, los USD 200 mil ingresaron en enero de 2020 a través de una cuenta de Morgan Stanley que no había sido declarada ante el entonces organismo recaudador argentino.
La transferencia no fue realizada directamente por Machado sino por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma investigada por las autoridades estadounidenses como parte de una organización criminal transnacional.
La empresa quedó bajo la lupa por operaciones vinculadas al fraude aeronáutico, la venta de aeronaves inexistentes o inoperables y el lavado de dinero. Su titular, Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado, fue condenada a 16 años de prisión en Estados Unidos.
Por su parte, Machado terminó declarándose culpable de cargos relacionados con conspiración, fraude reiterado y lavado de activos luego de ser extraditado por Interpol.
También investigan a su entorno
Además de pedir la indagatoria de Espert, el fiscal solicitó avanzar sobre otras personas y estructuras vinculadas al economista. Entre ellas aparece su contador, Mariano Cosentino, y la firma Varianza S.A., creada en 2019 por Espert junto a su esposa, María Mercedes González.
La Justicia también ya había dispuesto la inhibición general de bienes del matrimonio por orden del juez federal Lino Mirabelli, una medida que busca preservar eventuales activos mientras avanza la investigación.
El caso adquiere relevancia política porque involucra a una de las figuras más identificadas con el discurso anticorrupción y de transparencia que impulsó el espacio libertario en los últimos años. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si el contrato presentado fue una prestación real de servicios o, como sostiene la fiscalía, una fachada para justificar el ingreso de dinero proveniente de actividades ilícitas.