El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y personas alcanzadas por regímenes especiales de salud.
La decisión quedó formalizada este martes mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. La medida deroga una serie de normativas vigentes desde 2018 que establecían subsidios parciales para cubrir el costo de esos boletos sin cargo.
Pese a la eliminación de las compensaciones, el Gobierno aclaró que el derecho a viajar gratuitamente continuará vigente para los beneficiarios contemplados por las leyes nacionales. Es decir, las empresas deberán seguir entregando los pasajes sin costo, aunque ya no recibirán fondos estatales para cubrir parte de esa prestación.
Qué dice la resolución oficial
La normativa publicada por el Ejecutivo establece: “Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674”.
La resolución también deroga las resoluciones 717/2018, 567/2019, 536/2022 y 549/2023, que conformaban el esquema de compensaciones económicas para las compañías de transporte.
Las leyes alcanzadas por la medida contemplan beneficios para personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
El argumento del Gobierno
Desde la Secretaría de Transporte sostuvieron que el nuevo escenario regulatorio del sector modificó las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen a esas compensaciones.
En ese sentido, el Ejecutivo vinculó la decisión con el Decreto 883/2024, que avanzó en la desregulación del transporte automotor de larga distancia y habilitó a las empresas a definir recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio con mayor libertad.
Según el texto oficial, la implementación del nuevo esquema de “libertad tarifaria” hizo que la continuidad de las compensaciones “se vuelva innecesaria”.
Al mismo tiempo, el Gobierno insistió en que el beneficio para los usuarios “permanece plenamente vigente y exigible”, por lo que las compañías seguirán obligadas a garantizar los pasajes gratuitos previstos por la ley.
La CNRT deberá controlar el cumplimiento
La Resolución 28/2026 establece además que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar que las empresas continúen otorgando los pasajes gratuitos correspondientes.
El tema ya había generado tensiones en los últimos años luego de distintos reclamos por dificultades para acceder a los boletos gratuitos. Incluso, tras la desregulación del transporte impulsada por el Gobierno, hubo denuncias de irregularidades y conflictos judiciales vinculados al cumplimiento de las leyes vigentes.
En noviembre de 2024, la Justicia Federal había ordenado a empresas de micros de media y larga distancia cumplir con la entrega de pasajes gratuitos para personas con discapacidad y sus acompañantes, luego de una presentación realizada por la CNRT.
Preocupación por el impacto en el servicio
Aunque el Gobierno remarcó que el beneficio continuará vigente, la eliminación de las compensaciones abrió interrogantes sobre cómo impactará la medida en el funcionamiento del sistema y en la disponibilidad efectiva de pasajes.
Organizaciones vinculadas a la discapacidad ya habían advertido en distintas oportunidades sobre dificultades para conseguir boletos gratuitos, especialmente tras el proceso de desregulación del sector.
Las empresas, por su parte, venían sosteniendo que el esquema generaba costos adicionales en un contexto de menor intervención estatal y cambios en el modelo de transporte de larga distancia.
Con esta decisión, el Ejecutivo profundiza la política de reducción de subsidios y desregulación impulsada desde el inicio de la gestión de Javier Milei, trasladando a las compañías la obligación de sostener el beneficio sin asistencia económica directa del Estado.