La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. Una factura por más de $8 millones emitida a nombre de una empleada de la Vocería Presidencial quedó bajo la lupa de la Justicia luego de ser encontrada en el celular de un contratista que trabajó para el funcionario.
El documento fue detectado durante el peritaje realizado sobre el teléfono de Matías Tabar, un empresario que realizó tareas de remodelación en una propiedad de Adorni ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. A partir de ese hallazgo, el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas para reconstruir el recorrido de la operación y determinar quién fue el verdadero destinatario de la compra.
Una compra de lujo bajo sospecha
La factura fue emitida el 2 de junio de 2025 por un monto de $8.183.303 y figura a nombre de Gisela Kocsis, una trabajadora del área de Medios y Comunicación que, según registros oficiales, se desempeñaba como secretaria privada en la estructura encabezada por Adorni.
La operación corresponde a una compra realizada en Rosen The Store, una firma especializada en productos de blanquería premium, ropa de cama y artículos para el hogar de alta gama.
La principal duda de los investigadores es si Kocsis fue efectivamente quien realizó la compra o si su nombre fue utilizado para facturar una operación cuyo destinatario final habría sido otra persona.
La sospecha surgió a partir de una declaración del propio Tabar. Durante su testimonio, el contratista reconoció que su vínculo con Adorni no se limitaba a trabajos de construcción. Según explicó, también actuaba como intermediario entre proveedores y el entonces vocero presidencial para distintas adquisiciones vinculadas a sus propiedades, cobrando una comisión por esa gestión.
Esa modalidad es precisamente la que ahora intenta reconstruir la fiscalía.
Qué información pidió la Justicia
Por pedido de Pollicita y con autorización del juez federal Ariel Lijo, la empresa deberá entregar en un plazo de 72 horas toda la documentación vinculada a la operación.
Los investigadores buscan conocer el medio de pago utilizado, quién abonó efectivamente la compra, cuándo se canceló la factura y cuál fue el domicilio de entrega de los productos.
Además, solicitaron remitos, comprobantes de pago, constancias de acreditación bancaria, registros de entrega y cualquier comunicación comercial relacionada con la transacción.
El objetivo es determinar si la compra guarda relación con el patrimonio de Adorni o si existió algún mecanismo destinado a ocultar la identidad del verdadero comprador.
El patrimonio de Adorni, bajo análisis
La factura aparece en medio de una investigación más amplia sobre la evolución patrimonial del funcionario y las explicaciones que brindó sobre el origen de sus bienes.
En las últimas semanas, la fiscalía avanzó con distintas medidas para verificar declaraciones públicas realizadas por Adorni respecto de sus inversiones financieras.
Entre otras diligencias, Pollicita requirió información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre el funcionamiento de plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras virtuales y operadores de activos digitales que actuaron en el país desde 2012.
La medida apunta a contrastar la versión del funcionario, quien aseguró haber invertido unos U$S 200.000 en Bitcoin y haber obtenido ganancias cercanas a los U$S 300.000.
Mientras la investigación sigue sumando documentación y testimonios, la aparición de la factura por más de $8 millones abrió una nueva incógnita judicial. La clave ahora será determinar quién pagó la compra, quién recibió los productos y si la operación tiene algún vínculo con el patrimonio que la Justicia intenta reconstruir.