La Justicia de Morón dictó una medida cautelar contra ocho empresas dedicadas a los préstamos personales y ordenó que brinden información clara sobre las condiciones de los créditos. La presentación fue realizada por la Municipalidad de Morón y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, ante situaciones que podían llevar a usuarios a tomar decisiones financieras sobre datos incompletos o incorrectos.
La resolución fue firmada por el juez Marcelo Mauro Gradín, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Morón. El magistrado puso el foco en la necesidad de prevenir situaciones de sobreendeudamiento, especialmente entre personas que recurren al crédito no bancario y pueden encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad.
El caso tiene como protagonistas a ocho empresas de crédito al consumo. De acuerdo con la presentación y los elementos analizados en el expediente, se cuestionaron mecanismos vinculados con la forma de informar las tasas y el costo financiero de los préstamos.
Créditos engañosos: qué prohibió la Justicia
Entre las prácticas señaladas aparece el cálculo de tasas mediante métodos diferentes de los establecidos por la normativa del Banco Central y la publicación del costo financiero sin incluir el IVA, un componente que finalmente debe afrontar quien toma el préstamo.
También fueron detectados simuladores online que permitían ingresar el monto solicitado y el plazo para conocer el valor de una cuota, pero que, según explicó Martín Miani, responsable del área de Defensa del Usuario y el Consumidor del Municipio, podían mostrar valores inferiores a los que posteriormente se cobraban.
El planteo judicial se apoyó en los derechos establecidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la obligación de brindar información cierta, clara y detallada sobre las características y condiciones de los servicios.
El objetivo de la medida es que quienes recurren a estos créditos puedan conocer efectivamente cuánto deberán pagar y bajo qué condiciones antes de asumir una deuda.
Sobreendeudamiento y presión sobre los deudores
El expediente también expuso otro problema: el hostigamiento a personas con deudas impagas.
Según explicó Miani, el Municipio recibió denuncias y documentación aportada por vecinos que incluía correos electrónicos y mensajes de WhatsApp y SMS utilizados para reclamar el pago. Entre las advertencias denunciadas figuraban mensajes en los que se amenazaba con retirar muebles de las viviendas.
Ese aspecto no fue resuelto en la cautelar. El funcionario anticipó que el Municipio apelará para intentar que ese reclamo también sea tratado por el mismo juzgado.
La problemática se vincula con un escenario de creciente preocupación por el endeudamiento familiar. El propio juez destacó que entre quienes recurren al financiamiento fuera del sistema bancario hay jubilados y personas sin ingresos registrados, a quienes consideró sectores que requieren especial tutela.
Desde Morón plantean, además, que el problema no se limita a las prácticas de las empresas. Miani señaló que existe un desconocimiento importante sobre el funcionamiento de los créditos y sus costos, particularmente cuando las familias recurren al financiamiento frente a necesidades urgentes.
Por ese motivo, el Municipio lanzó también un programa de educación financiera con charlas en sindicatos, comedores, merenderos y otros espacios del distrito.
La presentación de Morón podría convertirse en un antecedente para reclamos similares en otros municipios bonaerenses. “Ojalá que esto se replique, porque es muy ostensible y muy obsceno lo que está pasando”, afirmó Miani. Y agregó: “Las empresas cruzaron muchos límites”.