Un proyecto de ley para reducir los costos asociados al ingreso a una vivienda en alquiler fue presentado en la Legislatura bonaerense. La iniciativa, impulsada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, propone crear un Régimen de Alquiler Social destinado a determinados sectores de menores ingresos.
El proyecto fue entregado al diputado Rubén Eslaiman, de Fuerza Patria, para su estudio. El régimen alcanzaría a los inmuebles cuyo alquiler mensual inicial no supere el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 de la Administración Pública Provincial, para una jornada de 48 horas semanales, de acuerdo con la Ley 10.430.
Qué gastos dejarían de pagar los inquilinos
Uno de los principales puntos de la iniciativa es que, en los contratos alcanzados por el régimen, los honorarios por intermediación inmobiliaria y por la redacción del contrato quedarían exclusivamente a cargo del propietario, según las escalas arancelarias vigentes.
Además, se plantea la gratuidad de los informes del Registro de la Propiedad Inmueble y la eliminación de determinados costos vinculados con la certificación de firmas y otros trámites necesarios para formalizar el contrato.
La propuesta también contempla que las empresas de servicios públicos no puedan cobrar, en las locaciones alcanzadas, cargos por conexión, reconexión, depósito de garantía o cambio de titularidad.
Para acreditar el contrato, sería suficiente contar con las firmas certificadas ante un Juzgado de Paz o con la intervención, firma y sello de un profesional matriculado. Según la propuesta, esos trámites serían gratuitos para el inquilino.
Beneficios para los propietarios
El proyecto también busca incentivar la incorporación de inmuebles al régimen mediante beneficios fiscales para los propietarios que destinen sus viviendas al alquiler social.
La iniciativa contempla exenciones de impuestos provinciales y propone invitar a los municipios bonaerenses a establecer reducciones de tasas y derechos locales para los contratos incluidos en el esquema.
Desde el Colegio de Martilleros señalaron que el objetivo es reducir las barreras económicas que dificultan el acceso formal al mercado de alquileres para los sectores de menores recursos.
El presidente de la entidad, Luis Colao, sostuvo que las políticas habitacionales deberían contemplar una segmentación de las herramientas de asistencia, de acuerdo con las distintas realidades sociales.
La propuesta aclara, además, que el déficit habitacional constituye una responsabilidad del Estado y que ni los propietarios ni los profesionales inmobiliarios deben asumir ese rol. En ese marco, plantea una articulación entre el sector público, los dueños de inmuebles y los martilleros para facilitar el acceso formal a una vivienda en alquiler.