ATE abrió un nuevo frente de confrontación con el Gobierno de Javier Milei y reclamará formalmente que se informe si el Presidente cuenta con un examen psicofísico que certifique su aptitud para ejercer el cargo. Si esa evaluación no existe, el sindicato exigirá que se realice.
La presentación será enviada a la Jefatura de Gabinete, con copia a la Presidencia de la Nación. El objetivo del gremio estatal es conocer si hubo algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo destinado a evaluar la aptitud psicofísica o psíquica del jefe de Estado.
ATE aclaró que no busca acceder a la historia clínica de Milei ni conocer eventuales diagnósticos o información médica sensible. El pedido apunta exclusivamente a determinar si existió una evaluación, cuándo se realizó, quién intervino y cuál fue su conclusión: “apto” o “no apto”.
ATE contra Milei: el fuerte cuestionamiento de Rodolfo Aguiar
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, acompañó el reclamo con duras declaraciones sobre el Presidente.
“Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, afirmó el dirigente.
Esas expresiones corresponden a la valoración política y personal de Aguiar y no constituyen un diagnóstico médico conocido sobre Milei.
El gremialista sostuvo que la cuestión excede la esfera privada del Presidente cuando se relaciona con su capacidad para desempeñar las funciones constitucionales del cargo.
La comparación con los trabajadores estatales
Uno de los argumentos centrales de ATE es la diferencia entre los requisitos que deben cumplir los empleados públicos y las condiciones exigidas a la máxima autoridad del Estado.
El sindicato recordó que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben atravesar controles de aptitud psicofísica y utilizó esa situación para cuestionar que no exista, según su planteo, una exigencia equivalente para quien conduce el Poder Ejecutivo.
“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda”, sostuvo Aguiar.
ATE también puso el foco en otra función presidencial: la conducción de las Fuerzas Armadas.
“Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional”, afirmó.
El argumento legal de ATE
El gremio encuadró su pedido en el derecho de acceso a la información pública y sostuvo que conocer la existencia de una certificación de aptitud del jefe de Estado constituye una cuestión de interés institucional.
Para fundamentar su planteo, ATE invocó el artículo 88 de la Constitución Nacional y también mencionó la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, utilizada como referencia para comparar las obligaciones que alcanzan a los trabajadores estatales.
Por ahora, el reclamo apunta a obtener información oficial sobre si existe una evaluación. Si la respuesta es afirmativa, ATE pretende conocer únicamente los datos vinculados con la evaluación institucional: cuándo se realizó, quién intervino y si la conclusión fue “apto” o “no apto”.