El exdiputado nacional José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de dinero y pidió que la Justicia lo sobresea en la causa que investiga una transferencia de US$ 200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. Además, reclamó que se levanten el embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y la prohibición de salir del país.
A través de una presentación judicial, la defensa cuestionó los fundamentos de la resolución del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y sostuvo que la investigación presenta contradicciones y carece de pruebas suficientes. Espert también denunció que el expediente tiene motivaciones políticas.
“Apelé mi procesamiento y el de mi empresa porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”, expresó el economista en un comunicado difundido tras la presentación de los recursos.
Los argumentos de Espert contra el procesamiento
La investigación judicial se centra en una transferencia de US$ 200.000 que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria en el exterior. El dinero llegó desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de activos.
Para justificar el ingreso de los fondos, el exdiputado presentó un contrato de consultoría por US$ 1 millón con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A. Según la investigación, el servicio no llegó a prestarse y el acuerdo habría servido para dar una apariencia legal al dinero.
Espert, por su parte, sostiene que el contrato existió y que los US$ 200.000 correspondieron a un anticipo no reintegrable. También niega haber conocido el presunto origen ilícito de los fondos.
Uno de los principales cuestionamientos de su defensa apunta a que el juzgado todavía esperaba información de Estados Unidos para determinar el origen de los activos. Según el planteo del exlegislador, esa circunstancia contradice la decisión de avanzar con el procesamiento.
“Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió”, afirmó Espert al defender su posición.
El dirigente también negó que hubiera existido una maniobra para ocultar el dinero. Argumentó que la transferencia llegó a una cuenta a su nombre, que los vehículos adquiridos fueron registrados y que los fondos no regresaron a Machado.
“¿Debo ser clarividente yo?”: el cuestionamiento a la Justicia
Otro de los ejes de la apelación es el supuesto conocimiento que Espert habría tenido sobre las actividades ilícitas atribuidas a Machado.
El exdiputado cuestionó que el juez le reprochara no haber advertido el presunto origen ilegal de los fondos cuando recibió la transferencia. Para sostener su argumento, mencionó los vínculos que, según enumeró en su presentación, el empresario mantuvo con distintos organismos estatales y actores públicos.
En ese contexto, lanzó una pregunta dirigida al criterio aplicado por el magistrado: “¿Debo ser clarividente yo?”.
Espert también rechazó que se vinculara la causa con posibles maniobras de financiamiento político o de campañas electorales. Sostuvo que esas consideraciones exceden los hechos por los que fue indagado y las calificó como parte de una persecución en su contra.
La defensa, encabezada por el abogado Claudio Lamela, pidió que se revoque el procesamiento y cuestionó la valoración de las pruebas incorporadas al expediente.
El embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país
Además del sobreseimiento, Espert busca revertir las medidas dispuestas por la Justicia: un embargo de $1.000 millones y la prohibición de abandonar el territorio argentino.
El exlegislador considera que ambas restricciones son desproporcionadas y carecen de fundamentos suficientes. Su defensa también planteó que las posibles irregularidades fiscales relacionadas con la transferencia no necesariamente configuran el delito de lavado de activos.
La causa alcanza, además, a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, y a la firma Varianza S.A., la sociedad de consultoría que Espert constituyó con su esposa en 2019.
El procesamiento fue dictado por el juez federal Lino Mirabelli, que consideró que existían elementos para avanzar con la acusación por presunto lavado de activos. La apelación busca que la Cámara Federal de San Martín revise esa decisión.
APELÉ MI PROCESAMIENTO Y EL DE MI EMPRESA PORQUE EL FALLO ES CONTRADICTORIO, SESGADO, FALTO DE PRUEBA Y DE TINTES POLÍTICOS Hoy mis abogados presentaron ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro dos recursos de apelación contra el auto del 22 de octubre que me procesó por lavado de activos y procesó también a Varianza S.A., la sociedad de consultoría que constituí con mi esposa en 2019. Pido que la Cámara Federal de San Martín revoque esa decisión, dicte mi sobreseimiento y deje sin efecto el embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país. Expongo acá, con mis palabras, lo que esos escritos técnicos plantean. LO QUE RESOLVIÓ EL JUEZ Y LO QUE DESCARTÓ El fallo tuvo por probado que los 200.000 dólares que recibí en enero de 2020 como anticipo de un contrato de consultoría provenían de un delito, que el contrato era simulado y que recibirlos en mi cuenta y gastarlos a mi nombre fue “lavarlos”. Lo hizo sin prisión preventiva, con un embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país. El mismo fallo descartó buena parte de lo que la Fiscalía había pedido. No tuvo por acreditado que el fideicomiso de la costa ni el vehículo pagado a fines de 2024 tuvieran relación alguna con aquel dinero, rechazó las agravantes que se pretendían y reconoció que no hay razones para dudar de mi idoneidad profesional para prestar el servicio contratado. La imputación quedó reducida, en lo sustancial, a la transferencia recibida desde EE. UU., su aplicación a dos automóviles y la contabilidad de una sociedad. Esa es la imputación. EL PROCESAMIENTO SE CONTRADICE A SÍ MISMO Sin embargo, el propio juez dejó por escrito lo que contradice su decisión. Reconoce que el exhorto enviado a los Estados Unidos hace un año para probar el origen del dinero sigue sin respuesta. Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera. Admite que el único dato que me distinguiría de todas las demás personas e instituciones que trataron con Machado no alcanza para tener por probado el dolo, pero no identifica ningún otro elemento que lo complete. Concede que la creación de Varianza y la falta de declaración fiscal de la transferencia resultarían compatibles con una cuestión impositiva, que es materia administrativa y nada tiene que ver con lavar dinero. Se exige a sí mismo probar un delito previo vinculado a los fondos recibidos y páginas después declara innecesario probar ese vínculo. Y describe a Machado, para la época del contrato, como un empresario aeronáutico, sin sospecha aparente sobre su reputación. Pero yo debía saber -según el juez- que no lo era. ¿Debo ser clarividente yo? LA IMPUTACIÓN NO TIENE LÓGICA Lavar es dar apariencia lícita a dinero sucio, y para eso hace falta esconder. Acá no hubo nada escondido. Una transferencia bancaria internacional con mi nombre, a una cuenta también a mi nombre que continuaba otra ya declarada; un auto comprado en concesionaria con factura y certificación contable presentada ante el registro público; un segundo auto pagado por transferencia bancaria; una sociedad a mi nombre con domicilio en mi propia casa y sueldos declarados ante el fisco. El propio fallo comprueba que el contrato de consultoría jamás fue exhibido ante ningún banco, registro ni organismo durante cinco años. Un contrato que nadie usó para justificar nada no puede ser la pantalla de un lavado. No resiste el menor análisis. UN LAVADO SIN BENEFICIARIO Todo lavado tiene un para qué. O se le devuelve el dinero limpio a su dueño, o uno disfraza el origen de dinero propio. Acá no ocurrió ninguna de las dos cosas. Machado no recibió de vuelta un solo dólar. El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo. Y si lo hubiera lavado para mí, habría que creer que planifiqué una simulación al detalle -escribano, apostilla, correos, testigos- y cometí al mismo tiempo el único descuido capaz de delatarme, que fue recibir el dinero desde la cuenta de un tercero distinto del contratante y sin exigir factura. El estafador prolijo y el chapucero no caben en la misma persona. Queda una pregunta más elemental todavía. Un empresario que movía millones por empresas y cuentas del exterior no necesitaba la cuenta bancaria a nombre de uno de los economistas más conocidos del país, entonces candidato a presidente, para mover doscientos mil dólares. Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió. LO EXTRAÑO Y ABSURDO DEL REPROCHE El fallo me reprocha que yo “debía” saber al recibir el dinero que Machado andaba en cosas ilícitas, a partir de conversaciones de abril de 2021, quince meses después de la transferencia. Pero los organismos estatales que sí tenían los medios para saber o sospechar algo -la Armada Argentina, la UIF, la IGJ, el Banco Central, la ANAC, Migraciones y ARCA- y que trataron con Machado, no advirtieron nada raro. Nadie habla tampoco de los empresarios, deportistas y demás personalidades públicas, incluso dirigentes políticos, que tenían trato con Machado y volaron en sus aviones. La teoría del juez necesita que el único obligado a saberlo, antes que todas ellas, fuera yo. Llamativo e injusto. LA REALIDAD DE MI EMPRESA Varianza S.A. es la sociedad con la que instrumenté la consultoría que ejerzo desde hace décadas. Nunca facturó a Machado ni a empresa ligada a él, ni recibió un dólar de la operación. Lo único que se le atribuye es haber registrado sueldos en sus libros y haberlos declarado ante el fisco. El propio auto califica esa intervención “de escasa relevancia” pero la procesa igual, con un embargo de quinientos millones de pesos, más de cuatrocientas veces el importe al que el mismo juez acotó su participación. Resulta incomprensible. LAS RESTRICCIONES NO TIENEN FUNDAMENTO El fallo dice dos veces, con palabras expresas, que no existen riesgos procesales. Valora que estoy a derecho, que comparecí a cada citación y que la prueba está reunida. Pero a renglón seguido, con un “no obstante” y sin ningún dato nuevo, me prohíbe salir del país sin plazo. Y traba un embargo de mil millones de pesos sin un solo cálculo que explique cómo llega a esa cifra. Entre los tres procesados, por una única transferencia de 200.000 dólares, los embargos suman 2.200 millones de pesos. Un verdadero despropósito. UN CIERRE QUE NO PERTENECE A ESTA CAUSA El auto termina con una reflexión sobre el lavado y “la financiación de figuras de un espacio político” y de “campañas electorales”. Pero nunca fui indagado por eso. El mismo fallo reconoce que esos hechos tramitan en otra causa y otro juzgado y, a pesar de ello, los usa como contexto de las medidas que me impone. Es muy grave, porque se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente, y porque revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme. LA POSICIÓN DE MI DEFENSA Mis abogados pidieron que la Cámara revoque el procesamiento y me sobresea, porque lo que se me imputa no configura el delito de lavado de activos. En subsidio, pidieron la falta de mérito, porque la prueba necesaria para analizar el caso y que el propio juzgado espera no está en el expediente. Y, en cualquier caso, que se dejen sin efecto la prohibición de salir del país y el embargo, por ser desproporcionados e injustos. Además, mantengo todos mis cuestionamientos a la forma en que se está llevando esta investigación -en especial a la actuación del Fiscal- y el pedido de que tramite ante el juzgado que investiga los mismos hechos desde 2021, donde casualmente el denunciante eligió no presentar su denuncia para derivarla a la jurisdicción de su evidente preferencia. Comparecí cada vez que se me citó, aporté cada documento que tenía y ofrecí la prueba que todavía falta producir. Pido que la investigación se complete y que se la juzgue por lo que hay en el expediente y por lo que la ley dice que es lavar dinero. No por suposiciones. Sin perjuicio de que la Cámara Federal de San Martín no corrigió hasta ahora ninguna de las irregularidades que denuncié, confío en que esta vez sea diferente, porque alcanza con leer el fallo para advertir que no se sostiene. Mientras tanto, seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que le pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio.
— José Luis Espert (@jlespert) October 27, 2026