Espert apeló su procesamiento y denunció una persecución política

El exdiputado nacional José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de dinero y pidió que la Justicia lo sobresea en la causa que investiga una transferencia de US$ 200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. Además, reclamó que se levanten el embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y la prohibición de salir del país.

A través de una presentación judicial, la defensa cuestionó los fundamentos de la resolución del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y sostuvo que la investigación presenta contradicciones y carece de pruebas suficientes. Espert también denunció que el expediente tiene motivaciones políticas.

“Apelé mi procesamiento y el de mi empresa porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”, expresó el economista en un comunicado difundido tras la presentación de los recursos.

Los argumentos de Espert contra el procesamiento

La investigación judicial se centra en una transferencia de US$ 200.000 que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria en el exterior. El dinero llegó desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de activos.

Para justificar el ingreso de los fondos, el exdiputado presentó un contrato de consultoría por US$ 1 millón con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A. Según la investigación, el servicio no llegó a prestarse y el acuerdo habría servido para dar una apariencia legal al dinero.

Espert, por su parte, sostiene que el contrato existió y que los US$ 200.000 correspondieron a un anticipo no reintegrable. También niega haber conocido el presunto origen ilícito de los fondos.

Uno de los principales cuestionamientos de su defensa apunta a que el juzgado todavía esperaba información de Estados Unidos para determinar el origen de los activos. Según el planteo del exlegislador, esa circunstancia contradice la decisión de avanzar con el procesamiento.

“Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió”, afirmó Espert al defender su posición.

El dirigente también negó que hubiera existido una maniobra para ocultar el dinero. Argumentó que la transferencia llegó a una cuenta a su nombre, que los vehículos adquiridos fueron registrados y que los fondos no regresaron a Machado.

“¿Debo ser clarividente yo?”: el cuestionamiento a la Justicia

Otro de los ejes de la apelación es el supuesto conocimiento que Espert habría tenido sobre las actividades ilícitas atribuidas a Machado.

El exdiputado cuestionó que el juez le reprochara no haber advertido el presunto origen ilegal de los fondos cuando recibió la transferencia. Para sostener su argumento, mencionó los vínculos que, según enumeró en su presentación, el empresario mantuvo con distintos organismos estatales y actores públicos.

En ese contexto, lanzó una pregunta dirigida al criterio aplicado por el magistrado: “¿Debo ser clarividente yo?”.

Espert también rechazó que se vinculara la causa con posibles maniobras de financiamiento político o de campañas electorales. Sostuvo que esas consideraciones exceden los hechos por los que fue indagado y las calificó como parte de una persecución en su contra.

La defensa, encabezada por el abogado Claudio Lamela, pidió que se revoque el procesamiento y cuestionó la valoración de las pruebas incorporadas al expediente.

El embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país

Además del sobreseimiento, Espert busca revertir las medidas dispuestas por la Justicia: un embargo de $1.000 millones y la prohibición de abandonar el territorio argentino.

El exlegislador considera que ambas restricciones son desproporcionadas y carecen de fundamentos suficientes. Su defensa también planteó que las posibles irregularidades fiscales relacionadas con la transferencia no necesariamente configuran el delito de lavado de activos.

La causa alcanza, además, a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, y a la firma Varianza S.A., la sociedad de consultoría que Espert constituyó con su esposa en 2019.

El procesamiento fue dictado por el juez federal Lino Mirabelli, que consideró que existían elementos para avanzar con la acusación por presunto lavado de activos. La apelación busca que la Cámara Federal de San Martín revise esa decisión.