Cristina Kirchner volverá a percibir una pensión vitalicia de $15.683.154,06 brutos mensuales luego de que la ANSES ejecutara una medida cautelar dictada por la Justicia. La decisión reabre un fuerte debate político y judicial, ya que el Gobierno sostiene que la condena firme en la causa Vialidad debería impedir que la ex presidenta continúe recibiendo ese beneficio.
Aunque el organismo previsional restablecerá el pago, la disputa está lejos de terminar. La administración de Javier Milei presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema y busca que el máximo tribunal deje sin efecto la cautelar que permitió la restitución de la prestación.
La controversia se convirtió en uno de los expedientes más sensibles para la Casa Rosada, que considera que el caso puede sentar un precedente sobre las consecuencias que una condena penal firme puede tener sobre los beneficios especiales otorgados a ex mandatarios.
El pago vuelve, pero con descuentos
La ANSES confirmó que cumplirá la orden judicial vigente y volverá a liquidar la pensión. Sin embargo, el monto final que recibirá Cristina Kirchner será inferior al haber bruto.
Por un lado, el organismo aplicará una retención mensual del 20%, equivalente a $3.136.630,81. Según la documentación incorporada al expediente, ese descuento apunta a recuperar fondos que el Estado considera percibidos de manera indebida durante períodos anteriores.
Además, la ex mandataria no cobrará el adicional por zona austral. Desde el organismo argumentaron que ese suplemento no corresponde debido a que cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no reúne las condiciones previstas para acceder a ese beneficio.
De esta manera, la restitución de la pensión no implica el cobro íntegro del monto informado inicialmente, aunque sí representa una victoria judicial transitoria para la ex presidenta.
La pelea entre Cristina y el Gobierno
El conflicto se originó cuando el Gobierno decidió dar de baja las asignaciones especiales vinculadas a Cristina Kirchner. La postura oficial fue que la condena firme por administración fraudulenta en la causa Vialidad y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos resultan incompatibles con el mantenimiento de una pensión de privilegio destinada a ex presidentes.
Frente a esa decisión, la ex mandataria acudió a la Justicia y solicitó una medida cautelar para recuperar el beneficio mientras se resolvía la cuestión de fondo.
En una primera instancia, el planteo fue rechazado. Sin embargo, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa resolución y ordenó restablecer la prestación al considerar que debía prevalecer el carácter alimentario del haber hasta que existiera una sentencia definitiva.
Esa resolución fue cuestionada por la ANSES, que agotó las instancias previas y finalmente acudió a la Corte Suprema.
La Corte define un caso con impacto político
El expediente sumó recientemente un elemento relevante. El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte debería revocar la cautelar que permitió restituir la pensión a Cristina Kirchner.
Si bien esa opinión no es obligatoria para los jueces, representa un respaldo a la postura del Gobierno y deja el caso en condiciones de ser resuelto por el máximo tribunal.
La definición tendrá consecuencias que exceden la situación personal de la ex presidenta. Lo que determine la Corte podría establecer un criterio sobre si una condena penal firme por corrupción puede afectar o no las pensiones vitalicias destinadas a ex mandatarios y sus derechohabientes.
Mientras tanto, Cristina Kirchner volverá a cobrar el beneficio por orden judicial y la disputa seguirá abierta en los tribunales. En el centro del debate aparecen dos interpretaciones contrapuestas: la que pone el foco en el carácter alimentario de la prestación y la que sostiene que una condena por corrupción debería tener efectos directos sobre este tipo de beneficios especiales.