El deterioro de las rutas nacionales volvió a quedar en el centro de la escena política. Intendentes bonaerenses y de distintas provincias expusieron ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y coincidieron en un diagnóstico: falta mantenimiento, sobran pozos y los recursos que deberían destinarse a la red vial no se estarían aplicando como corresponde.
Uno de los testimonios más duros llegó desde Carlos Casares. Su intendente, Daniel Stadnik, describió a la ruta nacional 5 como “la ruta de la muerte” y aseguró que durante buena parte de la gestión de Javier Milei prácticamente no hubo trabajos de mantenimiento.
“Desde que asumió Milei y hasta hace dos meses, en la ruta 5 hubo cero mantenimiento”, afirmó Stadnik en una entrevista con La Tecla. El dato que aportó encendió todavía más la discusión: durante el primer semestre del año se registraron más de 200 accidentes y 21 personas murieron. Cuatro de las víctimas eran vecinos de Carlos Casares.
“La plata acá no se ve”
El reclamo de los intendentes también apuntó directamente al destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
Stadnik cuestionó las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien había defendido la ejecución de fondos para el mantenimiento de las rutas. Para el jefe comunal, la realidad que observan quienes transitan diariamente por la zona contradice ese discurso.
“Esa plata que dice el vocero acá no se ve, no está”, lanzó.
Según explicó, los trabajos que comenzaron recientemente sobre la ruta 5 no responden a la aplicación de esos fondos. El tramo fue concesionado hace aproximadamente dos meses y las reparaciones que se están realizando, según Stadnik, son financiadas por la empresa concesionaria mediante los recursos que obtiene del cobro de peajes.
“Los hace la empresa concesionaria con la plata del peaje que nos cobra. No son los fondos del impuesto a los combustibles”, remarcó.
La crítica también alcanzó a la Dirección Nacional de Vialidad. Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos, contó que incluso ofreció que el propio municipio realizara trabajos de bacheo en el tramo de la ruta 228 que atraviesa el distrito. Sin embargo, aseguró que el organismo nacional no autorizó la intervención.
Un reclamo que atraviesa al interior
La preocupación no quedó limitada a la provincia de Buenos Aires. En la reunión participaron intendentes de Río Negro, La Pampa, La Rioja, Santa Fe y Chubut, además de representantes de trabajadores de Vialidad Nacional y funcionarios provinciales.
Los testimonios coincidieron en las consecuencias concretas del deterioro. En algunos pueblos, señalaron, las ambulancias deben circular por las banquinas debido a la cantidad de pozos, lo que demora la atención de emergencias y aumenta los riesgos.
Patricia Mazzitelli, asesora de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, sumó otra denuncia: sostuvo que existiría una diferencia cercana a un billón de pesos entre los recursos presupuestados y los efectivamente aplicados al mantenimiento vial.
El planteo generó además una discusión política sobre el manejo de fondos afectados. Garate lo resumió con una comparación directa: “Imagínense los legisladores si fuera un intendente el que estuviera usando un fondo afectado para otra cosa que no fuera lo que corresponde. Estaríamos en las tapas de los diarios”.
La reunión dejó así una imagen incómoda para el Gobierno: intendentes de distintos signos políticos y de diferentes regiones del país coincidiendo en un mismo reclamo, mientras las rutas nacionales continúan deteriorándose.
Un dato político terminó de marcar la jornada: ningún diputado de La Libertad Avanza participó de la reunión informativa de la Comisión de Obras Públicas.