La discusión sobre la transparencia en la gestión pública volvió a instalarse con fuerza en la provincia de Buenos Aires. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) reveló que, aunque cada vez más municipios publican información sobre sus cuentas, todavía persisten importantes déficits en el acceso a datos clave sobre presupuestos, gastos, ejecución financiera y deuda pública.
El relevamiento analizó los 135 municipios bonaerenses y evaluó la información disponible en sus páginas web oficiales durante el primer trimestre de 2026. El objetivo fue medir el nivel de transparencia fiscal de cada distrito a partir de la publicación de documentos esenciales para conocer cómo se administran los recursos públicos.
Los resultados mostraron una realidad partida en dos.
Por un lado, 64 municipios alcanzaron el máximo puntaje posible y fueron catalogados con «cumplimiento estricto». A ese grupo se sumaron otros cinco distritos con niveles altos de transparencia, conformando un bloque de 69 administraciones que cumplen con los estándares más exigentes de publicación de información fiscal.
Entre los municipios mejor posicionados aparecen La Plata, La Matanza, Lanús, General Pueyrredón, San Isidro, San Miguel, Moreno, Pergamino, Tandil y Zárate. El dato sobresale porque reúne distritos gobernados por distintos espacios políticos, lo que demuestra que la transparencia no responde necesariamente a una sola identidad partidaria.
Sin embargo, el foco del informe se concentra en el otro extremo del ranking.
Los municipios que no muestran sus números
ASAP detectó que 48 municipios quedaron ubicados en los niveles de transparencia «bajo o regular» y «nulo». Dentro de ese universo, 22 distritos registraron directamente una exposición nula de información fiscal.
Entre ellos aparecen municipios de fuerte peso político y electoral como Tigre, Merlo, Hurlingham, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Villa Gesell, San Nicolás, La Costa y Presidente Perón.
Según el informe, en esos casos la información era inexistente o se encontraba desactualizada al momento de la evaluación, impidiendo conocer con precisión el estado de las cuentas públicas locales.
La situación adquiere relevancia porque los municipios administran presupuestos millonarios destinados a servicios esenciales como salud, seguridad, infraestructura, asistencia social y mantenimiento urbano. Sin información disponible, vecinos, concejales opositores y organismos de control enfrentan mayores dificultades para supervisar el destino de esos recursos.
Los datos que faltan
El estudio también detectó problemas en la calidad y profundidad de la información publicada.
Aunque el 93% de los municipios ofrece algún tipo de acceso a datos presupuestarios o financieros, muchos no difunden los documentos más importantes para evaluar su situación económica.
Uno de los principales déficits aparece en la publicación de los presupuestos vigentes. Apenas 76 municipios exhibían el Presupuesto 2026 completo, mientras que 58 no mostraban información sobre el cálculo de recursos y gastos para el ejercicio actual.
La misma situación se observa en otros indicadores sensibles. Más de 50 municipios no informaban la ejecución presupuestaria, los gastos clasificados por finalidad y función o el stock de deuda pública.
Estos datos permiten conocer cuánto se recauda, cuánto se gasta y cuáles son los compromisos financieros de cada administración, por lo que su ausencia limita seriamente las posibilidades de control ciudadano.
Un avance que convive con una deuda pendiente
A pesar de las falencias detectadas, el informe marca una mejora significativa respecto de años anteriores. En 2019 apenas dos municipios alcanzaban el máximo nivel de transparencia. Hoy son 64.
Sin embargo, el crecimiento convive con una realidad que sigue generando cuestionamientos: más de un tercio de los distritos bonaerenses mantiene niveles insuficientes o nulos de acceso a la información pública.
En un contexto donde la demanda social de rendición de cuentas es cada vez mayor, la transparencia fiscal se consolida como uno de los principales desafíos para los intendentes bonaerenses, independientemente de su color político.